A pesar de los mecanismos de seguridad y las posibilidades que favorece la actuación conjunta de los efectivos policiales, la Europol, los esfuerzos de la UE y sus miembros para frenar el tráfico de personas, las mafias siguen operando, explotando las vulnerabilidades de los migrantes y ofreciendo rutas peligrosas hacia Europa.

Los datos humanos y económicos son apabullantes. En ellos se mezcla la migración y el beneficio que de ella se obtiene mediante el tráfico de personas debido a contraprestaciones económicas, laborales o sexuales. Los datos recogidos por el Consejo de Europa afirman que el 90 % de los migrantes paga a traficantes para intentar llegar a Europa. Se calcula que el tráfico ilícito de migrantes genera un volumen de negocios anual de entre 4 700 y 6 000 millones de euros en todo el mundo[1].

 Sean cuales sean las causas, la migración ha sido uno de los grandes caballos de batalla político, cuya presencia en la percepción social aumenta de forma proporcional a la de los partidos ultranacionalistas de carácter xenófobo. De hecho, la llegada de los partidos de corte postfascista a algunas capitales europeas ha abierto el debate sobre las características de la migración y las condiciones de asilo, siendo utilizadas éstas como herramientas de propaganda política de primer orden (Carrera et alii, 2023).

 De hecho, una de las aristas del debate consiste en cómo clasificar y tratar a los migrantes: Algunos países insisten en que la UE debería centrarse únicamente en los refugiados que huyen de persecuciones (asilo político), mientras que otros argumentan que los migrantes económicos también deben ser tratados de forma equitativa. La distinción entre estos grupos es crucial para definir las políticas de asilo, pero la polémica, la confrontación política y el rédito de votos en clave local no solo ha dificultado la adopción de soluciones comunes, sino que ha dividido fuertemente la cohesión interna de la Unión.

 Justamente, en el seno de esta polémica están los recientes acuerdos, como el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, propuesto en 2020[2], que establece un enfoque más equilibrado y solidario para la gestión de los flujos migratorios. Sin embargo, este pacto ha sido un tema de intensos desacuerdos entre los Estados miembros, aunque finalmente vio la luz el 14 de mayo de 2024. El pacto establece una serie de normas[3] que servirán para gestionar las llegadas de manera ordenada; crear procedimientos eficientes y normalizados y asegurar un reparto equitativo de la carga entre los Estados miembros. En este sentido, se desarrollan webs de información para ordenar de forma legal la llegada de inmigrantes a la UE[4], cuyo concurso parece cada vez más necesario para el fortalecimiento económico de la UE, algo que ya se debate en numerosos países miembros[5].

 Éste último punto vuelve a ser un problema recurrente entre los Estados  miembros, ya que el llamado Grupo de Visegrado (el “V4”, integrado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia), países que se han erigido como voces opuestas a algunos mandatos de Bruselas y a las instituciones europeas, como es el caso de la redistribución obligatoria de refugiados con  posturas más restrictivas en materia de asilo. Su actitud se basa en preocupaciones sobre la seguridad, la identidad cultural, ideas con claro componente xenófobo, opuesto a los principios de la UE.

 Al otro lado, se encuentran los países del sur de Europa y del ámbito Mediterráneo (Italia, Grecia, España), una de las grandes “grietas” (ver imagen abajo) de penetración de la migración ilegal. Estos países han expresado reiteradamente y desde hace tiempo (Chueca et alii, 2009) su frustración por la falta de apoyo en la gestión de los flujos migratorios. A pesar de los esfuerzos de la UE para aumentar la cooperación, estos países siguen enfrentando grandes desafíos debido a su proximidad geográfica a las rutas migratorias.

(Fuente: Imagen de la obra de periodismo gráfico de C. Spottorno y G. Abril, 2016, en el que se analiza, de forma humana, las “grietas” fronterizas de la UE para la inmigración ilegal)

Por su parte, esta tendencia enconada a los desacuerdos específicos entre los Miembros de la UE se ha visto recientemente tensionada por la idea de la Primera Ministra italiana Meloni, al instalar en el debate la posible deportación de emigrantes a terceros países cercanos, mediante una contraprestación económica, uniendo frentes en un encuentro al margen de las reuniones oficiales[6]. Dicho modelo basado en el principio casi olvidado desde la II GM de “deportación” ha sido tímidamente apoyado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, se ha manifestado a favor de la apertura de centros de deportación para personas extranjeras fuera de los países de la Unión Europea en línea con el actual "Modelo Meloni" para Albania, de los que se han hecho eco numerosos medios ligados a los derechos humanos[7]

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