LOS ANTECEDENTES LEJANOS DE LA INTEGRACIÓN EUROPEA

El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella, al formarse las Comunidades Económicas Europeas, aconsejó que España adoptara una posición expectante sin formular ninguna opinión o política oficial a la espera de lo que fuera sucediendo. Al comenzar el año 1960 se barajaron varias posibilidades: solicitar la entrada en la E.F.T.A., hacer lo mismo en relación con las Comunidades Económicas Europeas, y, por fin, no tomar ninguna iniciativa. En todo caso, se abrió una oficina diplomática ante la CEE para poder reunir información sobre lo que estaba ocurriendo con el fin de tomar una decisión. El evidente éxito de lo que se estaba produciendo en el corazón de Europa, la necesidad de profundizar en los cambios económicos que se estaban dando en España desde del Plan de Estabilización de 1959, y el peligro de que se profundizase el aislamiento, tan nocivo para el desarrollo económico, superada ya la política autárquica, hicieron que se tomara la decisión de acercarse a la CEE. España había conseguido ya ingresar en el FMI y el Banco Mundial en 1958 y en la OECE, al año siguiente.

En el otoño de 1961 se pensó en la asociación con la CEE porque, a pesar de los cambios económicos españoles se estaba muy lejos de la situación que tenían los seis miembros del Mercado Común, sin olvidar que en Madrid se era consciente de que el mismo exigiría unos requisitos políticos que el franquismo ni se planteaba por asomo.

El 9 de febrero de 1962, el ministro Castiella remitió una carta a Maurice Couve de Murville, a la sazón presidente del Consejo, solicitando no el ingreso en la CEE sino la adopción de un estatus de país asociado, planteando la posibilidad de ingreso en el futuro cuando las condiciones económicas españolas lo permitiesen, pero, como vemos, sin aludir al gran obstáculo que impediría el ingreso, es decir, la falta de libertades y de un régimen democrático en España. Castiella apelaba a la condición europea de España. Por otro lado, el ministro había conseguido, a finales de los años cincuenta, mejorar las relaciones diplomáticas con franceses y alemanes, aunque en el caso británico hubo más problemas dado el contencioso de Gibraltar.

La CEE no aceptó la propuesta española a través de un mero acuse de recibo de la petición, a primeros del mes de marzo. En este sentido, fue importante el conocido como “Informe Birkelbach”, elaborado por el eurodiputado socialdemócrata alemán, Willi Birkelbach, sobre los aspectos políticos e institucionales de la adhesión o asociación a la Comunidad, que se dio a conocer el 15 de enero de 1962, y donde se exigía como requisito imprescindible para que un Estado pudiera ingresar en la CEE el que disfrutara de un régimen político democrático, aunque no impedía que se pudieran tener relaciones de otro tipo con Estados no democráticos.

En mayo se dio el denominado “Memorando de Saragat”, que habían redactado los italianos en el Consejo, y en el que se especificaba que no se podía permitir una asociación si el país solicitante no contaba con un régimen político cuyos fundamentos fueran los mismos que los de los países fundadores. Evidentemente, España no cumplía este requisito.

Debemos tener en cuenta que la reacción franquista a la reunión del Congreso de Múnich, con una nutrida representación de políticos españoles contrarios al franquismo y de distintas sensibilidades políticas, en junio de ese mismo año, tachándolo como el “Contubernio de Múnich” no facilitó, ni mucho menos, que la CEE estimase en alguna medida ni la integración ni la asociación con España.

Posteriormente, el Parlamento Europeo explicitó en 1964 que los Estados que careciesen de legitimidad democrática y cuyos pueblos no participaran en las decisiones del gobierno, ni directa ni por medio de representantes elegidos libremente, podían ser admitidos en la Comunidad.

El 14 de febrero de ese mismo año, el embajador español ante la CEE, Carlos Miranda y Quartin, recordó la carta anterior y solicitó el inicio de conversaciones. El Consejo autorizó a la Comisión en el mes de julio a emprender conversaciones exploratorias, que se iniciaron en noviembre. Justo dos años después, la Comisión sacó un informe de dichas conversaciones en el que se aconsejaba para integrar la economía española en la comunitaria un proceso aduanero en dos etapas, pero el Consejo no lo aceptó, y en el mes de julio de 1967, y estableció un mandato de negociación.

Las negociaciones entre España y la CEE fueron muy complejas durante la segunda mitad de la década de los años sesenta. España tenía un evidente interés económico, pero las autoridades franquistas no estaban dispuestas a cambiar el régimen político. Por parte europea la adhesión o asociación de España era, realmente, un tema secundario porque en esta cuestión eran más importantes las negociaciones con los británicos que, además, no fueron nada fáciles. Por otro lado, aunque el requisito democrático era innegociable, las posturas de los distintos miembros planteaban algunas diferencias. Los belgas y los italianos eran radicalmente contrarios a la asociación con la España franquista, mientras que Alemania y Francia eran más partidarias de la asociación. Por su parte, los Países Bajos y Luxemburgo no tenían una postura claramente definida. Por fin, es innegable que la izquierda política europea se empeñó en exigir que no se mantuvieran negociaciones con un régimen que no respetaba los derechos humanos. Los socialistas europeos tenían una evidente influencia en las instituciones europeas y en sus respectivos países, gobernando en algunos momentos en los mismos.

Hubo que esperar a 1970 para que se avanzara en el acercamiento de España a la CEE. En junio de ese año el ministro de Exteriores, Gregorio López Bravo, y el presidente del Consejo de Ministros de la CEE firmaron el Acuerdo Económico Preferencial entre España y la CEE. España pasaba a ser un país asociado a la CEE con trato preferencial en materia comercial. La CEE rebajó sustancialmente los aranceles sobre los productos españoles. Además, se facilitaba enormemente la entrada de productos españoles en la CEE. En el año 1973 se amplió. En realidad, este Acuerdo permitió romper, en cierta medida, el aislamiento con Europa. El verdadero artífice del mismo fue Alberto Ullastres, el representante español ante el Mercado Común. En 1964 había sido nombrado embajador de España ante las Comunidades Económicas Europeas, responsabilidad en la que estuvo hasta el año 1976.

La CEE reaccionó a los últimos fusilamientos del franquismo en septiembre de 1976 con la suspensión de las negociaciones para la renegociación del Acuerdo, aunque fuera de forma temporal. En todo caso, los Nueve no adoptaron una política contundente en los últimos momentos de la dictadura, generando algunos debates en el Parlamento europeo por la falta de una política clara.

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