Tal y como nos indica Muntaner (2010) la diversidad engloba tres aspectos fundamentales: es un hecho natural, complejo y múltiple.

Las políticas sociales y educativas en la actualidad la contemplan como un hecho ineludible, que está presente en todos los contextos. Sin embargo, el tipo de actuaciones y prácticas que se lleven a cabo dependerá de cómo se entienda esa diversidad.

En este sentido, se podrían distinguir tres visiones (Muntaner, 2010):

1. Aplicar la lógica de la homogeneidad: segregando y discriminando en grupos diferenciados creyendo, erróneamente, que se trata de situaciones invariables.
2. Reducir la diversidad (ocultando que realmente se está aplicando la lógica de la homogeneidad): aunque aquí se trabaje en grupos heterogéneos, realmente se llevan a cabo prácticas paralelas, por un lado para los considerados “normales” y por otro para los “diversos”. Este enfoque se caracteriza por clasificar y categorizar a las personas que se conoce por integración.
3. Aplicar la lógica de la heterogeneidad: en donde se supera la estigmatización del enfoque anterior y se promulga la aceptación y reconocimiento de la diversidad, que esta no es un estorbo, que todas las personas tienen capacidades y que las diferencias deben respetarse. En base a esto, diremos que promover una ciudadanía inclusiva implica asumir y convencerse de que la diversidad “no da lugar a situaciones de aprendizaje que se contraponen, sino que se complementan y se enriquecen mutuamente” (Escarbajal Frutos et al., 2012, p. 138).

Los tres enfoques que hemos visto van a permitir entender mejor el recorrido histórico sobre la atención a la diversidad hasta la actualidad.

De esta forma resulta sencillo relacionar el primer enfoque de la homogeneidad con la puesta en marcha de centros educativos y programas (sociales, de ocio, laborales, etc.) segregados para personas con discapacidad.

Por otra parte, el segundo enfoque se relacionaría con actuaciones propias de la integración y el tercero con la inclusión. Y será sobre estos dos conceptos, integración e inclusión, sobre los que profundizaremos.

A partir de los años 60 se va a producir la llamada tercera revolución mental. En esta época se produjo en determinados países de Europa un amplio movimiento de rechazo de las escuelas de educación especial segregadas y se desarrolló con más fuerza el concepto de normalización, originario de Escandinavia. Los nombres de Bank Mikkelsen, y Nirje están asociados con los primeros trabajos sobre este principio. Posteriormente, Wolfensberger aporta un carácter más social al concepto de normalización.

Es importante observar cómo en la década de los 70, tras los resultados positivos obtenidos en Dinamarca, Suecia, y Noruega, los postulados del concepto de normalización comienzan a generalizarse. En 1978 aparece el Informe Warnock en Inglaterra, en honor a Mary Warnock quien presidió el grupo de trabajo que lo redactó. Este informe es el precedente que sustenta el desarrollo legislativo en relación a la educación especial en Europa, dando pie a la integración en España.

Las principales características de la integración son las siguientes:

• Se defiende que todos los niños tienen derecho a asistir a la escuela ordinaria de su localidad, sin posible exclusión.
• Deja abierta la existencia de centros específicos para determinadas situaciones.
• Su repercusión trasciende el plano escolar, y abarca lo social y laboral.
• Implica la aproximación del entorno a la persona.
• Se hace efectivo a través de adaptaciones y medios asistenciales: “adaptaciones curriculares o en el puesto de trabajo, medidas excepcionales de discriminación positiva, etc.” (Rubio Jurado, 2009, p. 3).
• El modelo integrador entiende la diferencia (Jiménez, 2010).
• Tuvo su efecto en la normativa española:
  • En la Constitución de 1978 a través de sus artículos 27 sobre el derecho a la educación y 49 sobre las políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración.
  • La Ley de Integración Social de los Minusválidos del 1982 (LISMI) que desarrolló el artículo 49.
  • El Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de la Educación Especial, que desarrolla los cuatro principios contenidos en la LISMI: normalización de los servicios, integración social, sectorización de la atención educativa e individualización de la enseñanza.

En definitiva, la integración supuso “la incorporación, por derecho propio, a un grupo para formar parte de él. Según el caso ese grupo de referencia puede ser el de alumnos de la misma edad, los trabajadores del mismo sector productivo o el grupo social con el que se relaciona el sujeto.” (Rubio Jurado, 2009, p. 2).